giovedì, Ottobre 28

Venezuela: ¿El fin del dominio rojo en la Asamblea Nacional? field_506ffbaa4a8d4

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Caracas – Más de tres lustros de dominio “chavista” parece que terminan. Es la sensación de buena parte de quienes se han opuesto durante años al gobierno, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela.

Y es que el Poder Legislativo, desde 2005 bajo dominio casi absoluto del chavismo, será renovado el próximo domingo, en unas elecciones que podrían significar el desplazamiento de la hegemonía oficialista por una nueva mayoría del bando opositor.

De acuerdo con las últimas encuestas, la oposición, representada en la coalición de partidos y organizaciones políticas Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aventaja al gobierno por 30 puntos en intención de voto, situación que no se había presentado en los 17 años de gobierno chavista. En las últimas elecciones presidenciales, aunque Henrique Capriles Radonski, candidato de la MUD, perdió por muy escaso margen -1,49%- luego de que la maquinaria del oficialismo se movilizó para obtener los votos que significarían la victoria a una hora en que ya las mesas electorales debían estar cerradas, lo cierto es que la oposición no logró imponerse al oficialismo.

En las elecciones de 2010 para elegir a los representantes al Parlamento, aunque la MUD obtuvo una importante cantidad de los votos (la diferencia con el partido de gobierno fue de menos de 1%) solo logró ocupar 54 curules, de las 165 que se elegían en esa ocasión.

Ahora la situación parece radicalmente distinta y la Asamblea Nacional que se elija para el periodo 2016-2021 podría representar el inicio de los cambios que espera buena parte de la población para salir de la crisis que afecta a las mayorías, especialmente desde la muerte de Hugo Chávez Frías.

Flor 1

Elección en tiempos de crisis

Los analistas coinciden en que los venezolanos acuden a la cita electoral en un ambiente de crispación e incertidumbre alimentado por la escasez de productos básicos, la inflación y la inseguridad personal. A esto se suma el acoso a la prensa independiente y el monopolio de los medios de comunicación en manos del Estado, además del denunciado sometimiento de los poderes públicos al Ejecutivo. El deterioro social, económico e institucional ha generado un descontento generalizado que alcanza, incluso, a la base “chavista” que hasta ahora se mantuvo incondicional al gobierno.

Una nueva Asamblea Nacional, donde la voz disidente pudiera ser oída y tomada en cuenta, podría, según los entendidos, servir como válvula de escape y bomba de oxígeno, aunque, advierten, no se podrá evitar en lo inmediato la agudización de la crisis económica. Sin embargo, creen que un cambio en el Parlamento permitiría una reorientación de la economía que en el mediano plazo incidiría en un alivio para las mayorías.

Por eso muchos, incluso el ciudadano común, ven como necesario un cambio en el órgano institucional de representación popular y de acuerdo social.

Las decisiones de la Asamblea se toman por tres tipos de mayoría: mayoría simple y mayoría calificada; esta puede ser de dos tipos: una sustentada en las dos terceras partes, y otra, en las tres quintas partes de los diputados.

La Constitución Nacional de Venezuela establece que la Asamblea Nacional, el órgano del Poder Legislativo, está facultada para elaborar y aprobar las leyes de la república; aprobar el presupuesto de la nación; controlar al Poder Ejecutivo y los órganos del gobierno; nombrar a los miembros de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral e incluso removerlos de sus cargos; reformar la Constitución; censurar e incluso sustituir al vicepresidente y los ministros; proponer referendos, entre otras funciones.

Con la llegada del chavismo a la Asamblea, y luego del año 2005, cuando la oposición se negó a participar en la elección para elegir a los diputados porque consideró que no existían suficientes garantías, las funciones del Legislativo se fueron diluyendo, al punto de que en los últimos diez años cedió al Ejecutivo la facultad de legislar en cinco ocasiones. Desde el primer mandato de Hugo Chávez, en 1999, el presidente de la República (Chávez y Maduro) ha sido habilitado para un total de más de seis años.

A través de las leyes habilitantes (herramienta jurídica que faculta al presidente de la República a dictar decretos-leyes en casos de necesidad o emergencia), el Ejecutivo ha sancionado las normas que, en conjunto, han ido configurando lo que el gobierno ha llamado el Estado comunal y el Poder Popular, que no están establecidos ni configurados en la Constitución Nacional.

Esta es precisamente una de las razones principales por las cuales las fuerzas opositoras se han afanado en evitar errores y consolidar la unión que permita llevar a sus candidatos al Palacio Federal Legislativo. Tal como se evidencia en las actuaciones políticas del oficialismo, no les ha resultado tarea fácil, puesto que el gobierno ha movilizado los recursos del Estado para favorecer sus candidaturas, y se ha valido incluso del organismo encargado de las elecciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (se asegura que cuatro de sus cinco rectores principales están relacionados con el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, en el gobierno) y el Poder Judicial para obstaculizar las aspiraciones de los candidatos no identificados con el sector oficial. Esto sin contar con la situación de estado de excepción que afecta a tres estados fronterizos con Colombia.

Adicionalmente, la oposición ha tenido que afrontar la campaña en un ambiente de violencia creciente: asaltos a caravanas, golpes y tiros han terminado finalmente con la muerte de un dirigente político durante un mitin en el interior del país.

Además, debido al control que ejerce el Ejecutivo sobre los medios de comunicación, no ha habido un equilibrio y los candidatos de la MUD no han podido hacer llegar al público sus propuestas con la facilidad con que lo han hecho los aspirantes oficialistas.

La negativa del CNE a permitir la presencia de observadores calificados de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea se sumó a los factores que han denunciado como inquietantes los partidos reunidos en la MUD y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en carta dirigida a la presidenta del CNE.

En el periodo legislativo que concluye con las elecciones del domingo, la presencia de la oposición en el Palacio Federal Legislativo no logró frenar la visión estatista y militarista que dejó como legado el presidente Chávez. Así, recurriendo aun a los golpes y a medidas judiciales, el oficialismo ha impedido la expresión plural del Parlamento.

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