giovedì, Settembre 23

Murió la mano derecha de Pinochet field_506ffb1d3dbe2

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Santiago de Chile – Los Derechos Humanos y el recuerdo de la dictadura se han tomado la agenda chilena del último mes. Primero, un exmilitar rompió su pacto de silencio y permitió a la Justicia reabrir el Caso Quemados, un simbólico episodio de represión y asesinato de hace 29 años. Dos semanas después, murió el director de la Policía secreta de Augusto Pinochet, Juan Manuel Guillermo Contreras.

 

El que fuera jefe de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), falleció el pasado viernes 7 de agosto a las 22:30 horas en el Hospital Militar de la capital, a los 86 años, consecuencia de diversas enfermedades.

 

Manuel Contreras, director del principal órgano represor de la dictadura, murió condenado a 526 años de cárcel, y a la espera de las sentencias por otros 578 años más.

Pese a que nunca perdió su condición de general en retiro, sus restos fueron incinerados sin los honores fúnebres propios de las Fuerzas Armadas. Un decreto aprobado durante el primer mandato de la actual presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) estableció que ningún militar condenado por crímenes durante la dictadura puede recibir dichos honores.

 

‘Mamo’ Contreras se va con un Gobierno presidido por la hija de un general asesinado en 1973, quien fue detenida y recluída junto con su madre en el centro de torturas Villa Grimaldi. La DINA era la responsable de gestionar ese campo de detención y el propio Contreras interrogó personalmente a la mandataria, algo que general negó tiempo después.

 

Bachelet no se pronunció de manera personal tras la noticia, pero sí su subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. “Murió el mayor asesino en la historia de este país”, dijo a la prensa.

De manera oficial, el Gobierno emitió un comunicado definiendo a Contreras como «uno de los personajes más oscuros de nuestra historia, responsable de crímenes y graves violaciones a los derechos humanos». Se lamentaba, eso sí, de que se hubiera llevado «información valiosa para hacer justicia respecto al horror cometido por la dictadura»; el mismo pesar de las asociaciones de Derechos Humanos, pues hay cientos de archivos de la DINA que nunca se han vuelto a encontrar.

 

La presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, hija del fallecido Salvador Allende, contra quien Pinochet dio el golpe de Estado, anunció esa misma noche un proyecto de ley para degradar a los condenados por Derechos Humanos de manera póstuma.

 

Se fue “el mayor criminal de la historia”, dijo Allende, quien instó a los militares con información para esclarecer torturas y asesinatos del pasado a que declaren. “El Ejército es más respetable en la medida que colabore y no obstruya”, señaló.

 

Palabras que cobran mayor significado después de que un exmilitar rompiera un pacto de silencio que permitió reabrir uno de los peores crímenes de la dictadura, el Caso Quemados.

 

En 1986, un fotógrafo de 19 años murió y una estudiante de 18 resultó gravemente herida después de que los militares los quemaran con gasolina por participar en manifestaciones protesta.

 

 

“LOS VENCEDORES NO SE DEFIENDEN”

 

Contreras murió como un general, le guste a algunos o no”, señalaba el expresidente de la Fundación Pinochet, el general Luis Cortés Villa, a Radio Cooperativa, mientras pedía “tranquilidad y paz para los familiares” de un militar a quien hasta la extrema derecha le dio la espalda en su lecho de muerte. “Uno quisiera que no muriera como un general”, señaló el presidente de la UDI, Hernán Larraín, a Radio Futuro.

 

Hasta el último día de su muerte, el exdirector de la DINA mantuvo su tono altivo y su defensa al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, por el que se “salvó a la patria de una dictadura totalitarista marxista. Contreras, además, nunca reconoció haber cometido crimen alguno.

 

«Voy a explicar que estoy aquí no para defenderme, ni tampoco para defender a la Dirección de Inteligencia Nacional, porque bien sabido es que los vencedores no se defienden», dijo desafiante en una entrevista televisiva en Canal 13 de Chile en 1991, ya un año después de restablecerse la democracia.

 

El informe Rettig, sin embargo, detalla que la DINA mató a más de 1.500 personas entre 1974 y 1977. Mientras que el informe Valech habla de unos 40.000 torturados y presos políticos durante la existencia de dicha organización represora y asesina que nació clandestina al amparo del aparato del Estado, pero que consiguió legalizarse.

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