lunedì, Settembre 27

Metternich, los españoles y Puigdemont Metternich definió a los españoles con toda precisión hace doscientos años diciendo que solo pueden ser perseguidos o perseguidos. El caso Puigdemont lo demuestra

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El mayor anhelo de la mayoría de políticos,militares, jueces, obispos, financieros, policías y periodistas españoles es detener Carles Puigdemont y hacer que el peso de la ley caiga sobre él.
Naturalmente, hablamos de la ley del embudo: ésta que exculpa a los fascistas de delitos de odio y a la monarquía de corrupción, pero que condena a cantantes y titiriteros por ejercer la libertad de expresión y a pacifistas por proponer soluciones democráticas a los conflictos territoriales.

Una comisión del Parlamento europeo debía pronunciarse sobre si quitar la inmunidad al eurodiputado Puigdemont o no. Aquellos políticos, militares y jueces mencionados han celebrado como una victoria que la comisión haya votado favorablemente. Una victoria ciertamente pírrica, que a la larga se les atragantará.

Por principio, todos los suplicatorios para levantar la inmunidad a los diputados se aceptan, en base a la confianza mutua que se profesan los estados miembros. Deberían concurrir circunstancias muy excepcionales para rechazar el suplicatorio; un rechazo implica una absoluta desconfianza en el respeto a los derechos humanos del país que presenta el suplicatorio y la demanda la extradición.

En esta comisión había veinticinco miembros: de estos, cinco eran españoles, que han estado esforzándose durante meses para convencer a sus colegas europeos que España es una democracia plena y que respeta absolutamente los derechos de todos los individuos. Sería bueno saber hasta qué punto han estado presionando a los otros comisarios. Pues bien, sólo han convencido a la mitad: diez ha votado a favor y diez en contra.
Se dice pronto:
la mitad de los eurodiputados no españoles que debían pronunciarse indicaron abiertamente que no se fían de España: consideran que en España, un juicio justo es impensable, que la presunción de inocencia no se respeta y que los derechos humanos no son inviolables.

El presidente Sánchez y los demás ministros van repitiendo la cantinela que España es una democracia plena. Mal asunto cuando una frase se debe repetir tantas veces. De hecho, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, es la honrosa excepción del gobierno español: es el único que admite públicamente la anomalía de tener a los líderes de los principales partidos en prisión o en el exilio. Huelga decir que la mayoría de opinión publicada española ha proferido todo tipo de insultos contra el señor Iglesias. Lo curioso del caso es que, ahora que parece que se levantará la inmunidad del señor Puigdemont, el señor Llarena, el juez que ha dictado ya tres órdenes europeas de detención y todas le han sido rechazadas, ya tiembla. De momento, ha pedido un pronunciamiento prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y según cuál sea la respuesta, ya no tramitará la orden de detención. Se quiere ahorrar un cuarto ridículo.

La alternativa a todos estos disparates sería acabar con la represión y sentarse civilizadamente a buscar una solución negociada al conflicto. Pero para la mayoría de los españoles esa idea es inconcebible. Ya lo decía Metternich, el canciller austríaco, hace doscientos años: los españoles sólo pueden ser perseguidores o perseguidos. Dos siglos más tarde, estamos igual.

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Sull'autore

Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa

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