A instancias de la Justicia suiza, la fiscalía del Tribunal Supremo español se ha visto obligada a iniciar una investigación sobre alguno de los muchos escándalos de corrupción del señor Juan Carlos de Borbón, el primero del póquer de reyes que hoy tiene España (él, Sofia, Felipe y Letizia).
Comisiones ilegales, homicidios imprudentes, tráfico de influencias entre la monarquía y poderosos hombres de negocios, cuentas corrientes en Suiza, regalos millonarios a ex amantes, mujeres lanzadas desde la borda de un barco antes que llegase doña Sofía…
Desde luego, cualquier súbdito con el currículo de este señor llevaría muchos años entre rejas. Por el momento, la única persona condenada a pena de cárcel por la Audiencia Nacional a raíz de las corruptelas de la monarquía es el cantante de rap Pablo Hasel, precisamente acusado de contar las fechorías del Rey a ritmo de rap. Un colega suyo, el mallorquín Valtonyc, perseguido por delitos parecidos, eludió la cárcel exiliándose en Bélgica, donde hoy compadrea con el presidente catalán Puigdemont y los consejeros que le acompañan.
Frente a estos hechos la opinión pública española reacciona de dos formas: o defendiendo a capa y espada la figura del monarca, como hacen la mayoría de partidos políticos de matriz española, o con indignación, pero también con resignación: los ciudadanos saben que la mayoría de delitos están amparados por la inviolabilidad de la Corona proclamada por la Constitución, o cuentan que los hechos habrán prescrito antes de ser juzgados. Y si a pesar de todo el Rey no lo ve claro, tendrá un lujoso palacio esperándole en un país latinoamericano para ofrecerle un dorado exilio.
¿Cómo es posible que tantos españoles muestren tanta indulgencia con un presunto delincuente, o tanta resignación frente al abuso de poder?
Las razones son de carácter histórico. Las revoluciones de Oliver Cromwell en Inglaterra y de Danton, Marat y Robespierre en Francia supusieron el final de las viejas monarquías. En otros países, las dinastías que sobrevivieron tuvieron que acomodarse a la democracia parlamentaria. En España, no. En España el rey es el jefe del Estado, máximo comandante de las Fuerzas Armadas, y de acuerdo con el Título II de la Constitución, su figura es inviolable y no está sujeta a responsabilidad ni por actos políticos ni por depravadas conductas privadas. ¿Qué sentido tiene
Mientras en la mayoría de Países europeos el parlamentarismo se abría paso, el rey Fernando VII de España vendía el País a Napoleón en 1808, a cambio de una renta vitalicia de 4000 reales y del usufructo de diversos palacios en Francia. Cuando después de la guerra de independencia de España contra Francia, Fernando VII regresó al país, abolió la constitución liberal de 1812 y restableció el absolutismo.
A lo largo del siglo XIX, los partidos liberales compitieron con los absolutistas con escasos éxitos; y en el siglo XX llegaron las dictaduras militares para apuntalar la Corona. El señor Juan Carlos de Borbón accedió al trono de España por decisión personal del Generalísimo Franco. Luego, las élites económicas, los poderes fácticos (ejército, judicatura, policía, iglesia y sector financiero), y algunos centenares de familias madrileñas de lustrosos apellidos, representantes de la más rancia clase extractiva, evitaron que la transición democrática (sic) hiciese borrón y cuenta nueva, y extendieron un pacto de silencio sobre los presuntos delitos del Monarca.
El conflicto territorial entre Catalunya i España tiene muchas y antiguas causas; pero una de ellas es la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya de votar por una República y pasar página de la monarquía.
La dinastía de los Borbones ha sido, a lo largo de la historia, corrupta y centralista. Precisamente porque es centralista tiene el apoyo incondicional de los partidos políticos y los medios de comunicación de la capital.
Sólo desde algunos periódicos de Catalunya y desde algunas páginas de la prensa internacional, como el ‘L’Indro’, se puede reclamar que el rey de España rinda cuentas y se reivindica la amnistía para los presos políticos y los exiliados republicanos.
