mercoledì, Agosto 4

España: represión del Estado español contra los intelectuales catalanes Mientras con una mano anuncia el indulto, con la otra el Estado español persigue a ex altos cargos de la Generalitat

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Para hoy, 21 de junio, está anunciada la publicación del informe del Consejo de Europa condenando a España por la instrumentalización de la Justicia contra los políticos disidentes -los líderes catalanes que llevan casi cuatro años en la cárcel.
También hoy, el presidente español Pedro Sánchez ha contraprogramado la noticia con una exhibición de magnanimidad: una comparecencia ante un público escogido a dedo, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, para anunciar a bombo y platillo el inminente indulto a los presos políticos catalanes.
Es una magnanimidad perversa: todos las instituciones internacionales y los tribunales europeos que han analizado el caso saben que el juicio contra los líderes catalanes fue una farsa llena de irregularidades, que los jueces del Tribunal Supremo vulneraron derechos fundamentales de los acusados y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminará la nulidad de la sentencia. Si la magnanimidad consiste en perdonar al culpable, quien debería pedirla es el estado español por judicializar un conflicto político y el Tribunal Supremo por prevaricar.

El gesto de Sánchez no engaña a millones de catalanes. Sin embargo, en Europa se podría pensar que el conflicto entre Catalunya y España está a punto de encauzarse por la vía del diálogo político. Nada más lejos de la realidad: la represión contra los catalanes no sólo no se ha detenido, sino que va in crescendo.

Esta semana, el Tribunal de Cuentas español ha notificado a treinta y nuevo altos cargos de los gobiernos de Catalunya de los años 2011-2017 una inminente sanción económica millonaria por presunta malversación de fondos.
Según la acusación, el dinero empleado en la acción exterior del Govern se destinaba a la preparación del referéndum de autodeterminación. Como prueba de ello, se aduce una respuesta del entonces President, Artur Mas, a preguntas de un periodista: «Si el estado español no escucha las demandas de Catalunya habrá un problema de relación entre ambos gobiernos» -frase que se dijo en uno de los múltiples viajes de promoción económica de Catalunya para impulsar las exportaciones. Por cierto, aquellos viajes fueron decisivos, pues en España se impulsaban boicots a los productos catalanes, y el aumento de las exportaciones salvó a muchas empresas. El Tribunal entiende ahora que aquellas declaraciones acreditan la malversación de fondos públicos por perseguir fines anticonstitucionales.
Entre los represaliados por el Tribunal de Cuentas está el prestigioso economista Andreu Mas Colell, que había sido catedrático en Harvard, presidente de la Econometric Society y Foreign Honorary Member of American Economic Association. En 1995 dejó su exitosa carrera académica para levantar, por encargo del President Jordi Pujol, una universidad pública de excelencia en Barcelona. En el año 2000 entró en el Govern de Catalunya como Consejero de Universidades, Investigación y Sociedad del Conocimiento. Se apartó del Govern en enero del 2016, cuando Carles Puigdemont fue investido President. Como académico vocacional que es, el profesor Mas-Colell siguió viniendo a las universidades a presentar libros, dar conferencias y debatir con sus colegas.
Mas Colell tiene 77 años, está jubilado, no tuvo nada que ver con el referéndum del 2017. El Tribunal de Cuentas está a punto de embargarle los bienes, las cuentas corrientes, la pensión, su casa. ¿Qué pretende el Tribunal de Cuentas? ¿Qué se ha propuesto el estado español? ¿Escarmentar a todos los sabios? ¿Evitar que todos los intelectuales y mentes brillantes de Catalunya se pongan al servicio de su país? ¿Este es su proyecto para seducir a los catalanes?

Celosos de la integridad de España, altos funcionarios públicos españoles han desatado toda su rabia y maldad contra el pueblo, las instituciones y los próceres de Catalunya. Y hablan de diálogo. Hay que joderse.

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Sull'autore

Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa

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