lunedì, Giugno 14

España, la nueva reforma fiscal no favorece a los pensionistas Madrid

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Madrid – Entrevista con Jorge Onrubia Fernández, profesor de la Universidad Complutense de Madrid & FEDEA y co-autor del estudio “Evaluación de la reforma del IRPF 2015-16: Impacto recaudatorio y distributivo”.

 

¿Cuál era el objetivo de la reforma fiscal?

El objetivo principal era rebajar la presión fiscal por IRPF, que había sido elevada en 2012, con la aprobación de las dos tarifas complementarias (general y del ahorro) aprobadas por el Real Decreto-Ley 20/2011, por motivos de reducción del déficit público. Además, se fijaban como otros objetivos, beneficiar relativamente a las familias con hijos y a aquellas con discapacitados, así como a los trabajadores con rentas bajas, los autónomos y los pensionistas.

¿Cuánto dejará de ingresar el Estado?

Según las estimaciones de FEDEA, en 2015, unos 5.100 millones de euros, y en 2016, unos 1.400 millones. En términos porcentuales, estas cifras suponen rebajas de la recaudación estatal por IRPF de un 14,52% en la primera fase y de un 18,78% una vez se complete la reforma en 2016.

No obstante, recientemente, el Gobierno ha anunciado (aprobado el viernes 10 de julio de 2015), el adelanto a fecha 1 de julio de 2015 de la rebaja prevista para 2016 de las dos tarifas general y del ahorro. La forma de instrumentar esta rebaja ha sido la aprobación de dos nuevas tarifas aplicables de 1 de enero a 31 de diciembre de 2015, que recogerían el efecto de esta anticipación. A falta de un análisis sobre las nuevas tarifas aprobadas, con los cálculos realizados por FEDEA, esto debería suponer un adelanto del coste recaudatorio aproximado de la mitad de los 1.400 millones previstos para 2016, es decir, de 700 millones.

¿A quién favorece y a quién perjudica la reforma y por qué?

En promedio, los contribuyentes de todas las decilas de renta pagan menos tras la reforma. Y la ganancia neta es mayor, en términos porcentuales de rebaja de la cuota impositiva final, para los grupos de menor renta. No obstante, hay un 5,2% de los contribuyentes que saldrá perdiendo con la reforma tras la aplicación de 2015 y 2016. Esto es debido a que estos contribuyentes, alrededor de un millón, se ven afectados por cambios normativos específicos (como la bajada de los porcentajes de reducción de rentas irregulares del 40% al 30%, pequeños ahorradores cuyos dividendos no llegaban a 1.500 euros y que por tanto no tributaban por ellos, o algunos cambios en los límites de aportación a planes de pensiones, entre otras medidas). No obstante, la mayor parte de estos “perdedores” de la reforma ven aumentada su cuota impositiva final entre 2014 y 2016 en cantidades bastante reducidas en euros (desde 46 euros de media para los perdedores de la primera decila, a 387 para los perdedores de la novena decila y a 1.143 para los de la décima decila). En estos casos, estos tratamientos normativos particulares no compensan la bajada de tipos marginales que afecta a la totalidad de los contribuyentes.

En cuanto a los colectivos más beneficiados, la reforma favorece especialmente a las familias con más hijos y a los discapacitados, pero no a los pensionistas. También favorece a aquellos que obtienen la mayor parte de su renta del ahorro. La explicación de este resultado tiene que ver con la baja de los tipos marginales del ahorro, como consecuencia de la eliminación de la tarifa complementaria que grava las rentas del ahorro, cuya elevación en 2012, fue relativamente mayor. Esto hace que la reforma afecte en mayor medida a los contribuyentes cuya renta gravable total está integrada mayoritariamente por rentas del ahorro. Además, hay que tener en cuenta que para estos contribuyentes, la supresión de la exención parcial de los 1.500 primeros euros de dividendos tenía, por lo general, una importancia limitada.

¿Suben realmente los impuestos de los más ricos?

No. Como se ha dicho en la pregunta anterior, salvo el 5% de perdedores (cuyas razones se han apuntado), el resto de contribuyentes –el 95% restante, es decir, la práctica totalidad de los declarantes de acuerdo con la muestra utilizada en las estimaciones– verían reducida su cuota impositiva final. Y como también se ha dicho, esa reducción es, por regla general y en media por decilas, decreciente en porcentaje a medida que aumenta la renta gravable. Otra cosa distinta es si nos fijamos en el valor absoluto, en euros, de la rebaja. Obviamente, una rebaja, pongamos del 13% para un contribuyente “medio” con renta gravable total de 18.400 euros, que antes pagaba en 2014 una cuota de 1.490 euros anuales, en 2016 pasará a pagar 1.240 euros, es decir 250 euros menos, lo que representa una rebaja del 16,5%, mientras que un contribuyente, de la última decila de renta gravable, con una renta gravable de 66.850 euros, verá su cuota impositiva final reducirse solo un 8,1%, de 17.313 euros a 15.913 euros, aunque en valor absoluto, su rebaja será de 1.400 euros, o sea, 5,6 veces más que el contribuyente con 18.400 euros de renta gravable.

¿Cuál será el impacto de la reforma para las Comunidades Autónomas?

El impacto de la reforma del IRPF en las CC.AA. es muy reducido. Esto es debido a que los cambios aprobados por el Gobierno solo afectan de forma indirecta al tramo autonómico del IRPF, a través de las modificaciones introducidas en la forma de cálculo de la cálculo de la base imponible y en la tarifa del ahorro, sobre las que las CC.AA. no tiene competencias para su modificación (al contrario de lo que sucede con la tarifa general –la que grava fundamentalmente las rentas del trabajo, de las actividades económicas y las rentas inmobiliarias– y con la fijación de las cuantías de los mínimos personales y familiares, además de la posibilidad de introducir deducciones autonómicas de la cuota). Además, hay que tener en cuenta que las tarifas complementarias –general y del ahorro– introducidas de 2012 a 2014 por el Gobierno, solo afectaban al tramo estatal del IRPF, por lo que su supresión no ha afectado a las CC.AA. Por tanto, el efecto neto de todos estos factores ha sido muy limitado en promedio para las CC.AA.: en 2015, la recaudación autonómica se reduciría en tan solo un 0,69%.

Sin embargo, sí hay que destacar que las distintas comunidades han hecho un uso muy desigual de sus potestades tributarias para modificar la normativa del impuesto en 2015, a través de la modificación de la tarifa general en el tramo autonómico y de los mínimos personales y familiares aplicados en el mismo. De este modo, el IRPF autonómico se reduce por encima del 5% en Castilla-La Mancha y Canarias. En La Rioja y Cataluña se incrementa por encima del 1%. En términos agregados para todas las Comunidades, un 42,9% de los contribuyentes va a pagar un IRPF autonómico menor entre 2014 y 2015, y un 23,6%, un impuesto mayor. Hay que destacar que en todas las CC.AA., el IRPF autonómico se incrementa para la última decila de renta gravable. Esto hace que un 35,3% de los declarantes se vaya a beneficiar de la reforma, pero también que el 64,7% restante pagará un impuesto autonómico más alto.

¿La reforma tiene dos fases 2015 y 2016 ¿Cuál tendrá un impacto mayor en los contribuyentes?

Como ya se ha dicho en la segunda pregunta, antes de la anticipación de la reforma de 2016, nuestras estimaciones calculaban una rebaja del IRPF para 2015 de 5.100 millones y de 1.400 para 2016. A falta de analizar las tarifas “de transición” aprobadas por el Gobierno el 10 de julio de 2015, la estimación desplazaría a 2015 aproximadamente la mitad del coste de 2016, es decir, 5.800 millones en 2015 y 700 en 2016.

A todos estos costes recaudatorios, hay que añadir los correspondientes a los “no obligados-no declarantes”, es decir, aquellos contribuyentes que no presentando declaración por IRPF –por estar por debajo del límite de obligación de hacerlo–, sí soportan retenciones por obtención de rendimientos del trabajo personal. En este caso, nuestras estimaciones eran de que la Hacienda Pública estatal, dejaría de recaudar en este caso unos 370 millones de euros en 2015 y unos 66 millones de euros en 2016. Con la anticipación de la aplicación de la tarifa de 2016 a julio de 2016, a falta de analizar la tarifa “de transición”, el coste para 2015 se elevaría hasta 403 millones de euros y el de 2016 sería solo de 33 millones.

 

 

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