sabato, Ottobre 16

El Tribunal Supremo español sigue recibiendo varapalos en Europa Tensión en España por la posibilidad de que el gobierno perdone a los presos catalanes. Las organizaciones internacionales están cada día más perplejas. El Tribunal Supremo español, desacreditado en Europa

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Los argumentos y la jerga jurídica del señor Manuel Marchena  no engañan a nadie: el informe elaborado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en contra de los indultos a los líderes catalanes encarcelados es un desquite por las críticas recibidas de todos lados. Ni Amnistía Internacional ni los editorialistas del 'New York Times' pueden admitir que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart lleven casi cuatro años en prisión por haber convocado una manifestación de protesta. Noam Chomsky y los Parlamentos de Gales, Suiza, Dinamarca y Reino Unido han manifestado explícitamente su rechazo a que Carmen Forcadell esté cumpliendo condena de más de once años por haber permitido un debate parlamentario cuando presidía el Parlamento Catalán. El Grupo contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU se ha pronunciado reiteradamente contra las largas penas de prisión impuestas a los consejeros de un gobierno que intentaba cumplir su programa electoral, que incluía hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y esta semana, Europa ha dado dos bofetadas más a la Justicia española: el Tribunal General de la Unión Europea ha adoptado medidas cautelares para devolver provisionalmente la inmunidad a los eurodiputados Puigdemont, Comín y Ponsatí, y el Consejo de Europa ha presentado las conclusiones de un informe sobre la forma en que España y Turquía utilizan la justicia como arma política contra catalanes y kurdos, respectivamente.

Turquía, Rusia y ahora Marruecos no admiten que la Unión Europea les dé lecciones de democracia: España no pude darlas. Recordemos: las largas penas de cárcel y la persecución a los exiliados son por haber organizado un referéndum de autodeterminación; pero es que organizar un referéndum, por ilegal que sea, no es delito en España desde la reforma del código penal de 2005. Las condenas dictadas lo son por sedición: un delito de tipificación tan ambigua que el informe del Consejo de Europa reclama a las Cortes españolas su modificación o su abolición. En cualquier caso, el delito requiere de un levantamiento violento y tumultuario, absolutamente inexistente en los hechos juzgados.

Ante una prevaricación de tal magnitud cometida por el Tribunal Supremo, el gobierno del señor Pedro Sánchez intenta salvar la dignidad concediendo indultos a los nueve presos. (Sí, es prevaricación: los atestados policiales hablaban de violencia de los manifestantes contra los policías, y el señor Marchena impidió contrastar los testimonios de estos policías con los vídeos que las defensas habían aportado al juicio). Los abogados de los políticos acusados tenían toda la razón del mundo cuando alegaban indefensión jurídica. La indefensión del acusado no es compatible con el Estado de Derecho.
Ahora,
el señor Pedro Sánchez defiende los indultos. No es que le haya dado un ataque de humanitarismo; es que necesita los votos de ERC para sacar adelante la legislatura, y el presidente de ERC es de los que está encarcelado. Además, el coste político que España está pagando por prevaricar ante la mirada del mundo se está disparando, como evidencia el reciente tira y afloja entre el gobierno marroquí y el ejecutivo español. El señor Pedro Sánchez intuye que España está haciendo el ridículo ante el mundo.

Un indulto requiere preceptivamente el informe previo del mismo Tribunal Supremo. En un escrito de veintiuna páginas llenas de argumentos más políticos que jurídicos, el señor Marchena pretende negar la condición de presos políticos de los condenados. El informe no escamita una ácida crítica a los tribunales de Bélgica y de Schleswig-Holsetein que negaron la extradición de Puigdemont, Ponsatí, Puig y Comín: se nota la rabia española contra todas las instituciones que no quieren comulgar con su inquisitorial proceder. El Tribunal Supremo está ofendido porque no admite que organismos internacionales cuestionen sus sentencias.

La rancia derecha española, expresándose a través de los diarios de Madrid, amenaza con derribar al gobierno si los indultos prosperan. Los nacionalistas de derecha y de extrema derecha ya se apresuran a recoger firmas contra los indultos. Para el día 13 de junio están organizando una esperpéntica manifestación donde reclamarán prisión para Puigdemont y blandirán símbolos fascistas y nazis. 
Veremos si esta cuestión hace caer el gobierno; lo que no hará, en ningún caso, es resolver el problema catalán. En primer lugar, porque los demócratas catalanes que sufren las represalias de España no son ni diez ni doce, sino casi tres mil, entre sentenciados, embargados y pendientes de juicio. Pasar página es imposible si antes no hay una amnistía general para todos ellos y por los exiliados. 
En segundo lugar, porque la recogida de firmas contra los indultos calca el craso error que hace dieciséis años cometió la misma derecha española: la recogida de firmas contra el estatuto de autonomía de Cataluña fue precisamente el punto de partida de la ebullición independentista catalana, que ahora reavivará.

Este cronista agradece el interés mostrado por todas las personalidades europeas que han visitado los presos en sus celdas. En particular, a Boris Civelics, presidente del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa. Este señor ha sido el relator de la comisión de investigación que ha llevado a cabo el informe cuyas conclusiones se han presentado esta semana, y que dejan en muy mal lugar la justicia española. 
Constatar la bondad, la dignidad y la altura moral de pacifistas como Rull, Turull, Forn, Romeva, Junqueras o Bassa, además de los anteriormente mencionados, hace aún más estremecedor el chirrido metálico de las puertas de la cárcel cerrándose tras los presos.

Si España desea mantener su integridad territorial debería dejar de tratar Cataluña como una colonia y aprender a resolver les contenciosos por vías democráticas según los estándares europeos. Puede que ya sea tarde para ello. 

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Sull'autore

Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa

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