mercoledì, 1 Febbraio
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El fenómeno ‘okupa’: inseguridad jurídica en España

Este verano, los europeos hemos viajado poco: la Covid 19 aconsejaba dejar los viajes exóticos para otra ocasión. Para los catalanes y los españoles, viajar supone un riesgo añadido: hay cierta probabilidad de no poder recuperar la casa que ha quedado vacía durante las vacaciones.

Si unos forajidos han forzado la puerta, se han asentado en la vivienda y han cambiado la cerradura, la ley les protege, incomprensiblemente, frente a los legítimos propietarios. Este despropósito legislativo sería inconcebible en cualquier otro País europeo.

El asunto tiene su explicación: España vivió, a partir de 1998, una extraordinaria burbuja inmobiliaria. El descenso histórico de los tipos de interés cuando el País se incorporó a la Unión Monetaria Europea propició una avalancha de compra de pisos. La fiesta duró diez años, durante los cuales los precios de las viviendas se pusieron por las nubes. Para los jóvenes, la posibilidad de comprar un piso y emanciparse de la familia se convirtió en una hazaña de alto riesgo.

La crisis del 2008 se cerró con centenares de miles de ejecuciones hipotecarias y desahucios: muchas familias se quedaron en la calle y los bancos acapararon incontables pisos vacíos, fruto de una política que prefirió rescatar a los bancos que a las personas.
Como reacción, grupos de jóvenes libertarios ocuparon ilegalmente aquellos pisos vacíos.
El legislador, siempre a remolque, quiso entonces proteger a estos jóvenes, tipificando en el código penal el delito deallanamiento de morada’, al margen de quien fuera el titular del inmueble. No era una buena solución, pero alivió transitoriamente la enorme dificultad de la emancipación juvenil.

Una década más tarde, aquella solución provisional se ha convertido en un gravísimo problema de inseguridad jurídica.
Cualquier delincuente común que ocupe una casa en ausencia de su legítimo inquilino está protegido por ley frente al propietario. Recuperar la casa por las buenas supone un largo y costoso recorrido por juzgados y registros de la propiedad que puede durar años. La Policía lo sabe y permanece pasiva. La alternativa, recuperarla por las malas, supone ceder a chantajes o llegar a enfrentamientos violentos.

Es la ley del péndulo. La crisis del 2008 dejó en la pura irrelevancia el artículo constitucional que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna: miles de familias estaban en la calle mientras miles de piso permanecían vacíos. Las Cortes quisieron corregir el dislate con una legislación más progresista; pero no supieron redactar la ley e hicieron una chapuza inaudita.

Conocí a jóvenes libertarios que en 2009 ocuparon ilegalmente pisos vacíos y se enfrentaron a los intereses de los bancos, que entonces tenían la ley de su lado. Hoy, once años después, muchos de ellos han conseguido comprarse un piso y emanciparse legalmente. Algunos, al regresar al hogar tras unos días de ausencia, han encontrado su casa ocupada por delincuentes. De forma incomprensible, la ley defiende ahora a los delincuentes (que lo saben perfectamente y abusan de ello) y deja desprotegidos a los propietarios, que se ven desconcertados e impotentes.

Si un estado de derecho no puede dar la seguridad jurídica mínima para garantizar la propiedad de la vivienda, apaga y vámonos.

Señoras y señores diputados del Parlamento español: si no saben redactar leyes, dimitan y no provoquen más dolor y angustia a los ciudadanos. Su lamentable incapacidad no tiene perdón.

Enric Casulleras / Universitat de Vic
Enric Casulleras / Universitat de Vic
Docente della Universitat de Vic, Departament d'Economia i Empresa
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